Antecedentes y Marco Jurídico
Desde los albores de la República de Panamá emergieron instancias encargadas de examinar y juzgar las cuentas de los empleados y agentes de manejo. Como muestra de ello, quedó plasmado en la historia legislativa panameña la promulgación de la Ley N.º 56 de 25 de mayo de 1904, por la cual se crea y organiza el Tribunal de Cuentas de la República; la Ley N.º 2 de 22 de agosto de 1916, se aprueba, entre otros, el Código Fiscal y la Ley N.º 33 de 14 de febrero de 1917 y Ley N.º 30 de 30 de diciembre de 1918, ambas sobre reformas fiscales; las cuales implementaban instancias fiscalizadoras de cuentas.
Posteriormente, nace la Ley N.º 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República, que desarrolla el mandato de la Constitución Política de 1972, en su artículo 276, numeral 13 y con ella el resurgimiento de la Jurisdicción de Cuentas. No obstante, en los años de 1990 se creó la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP). Dicha Dirección nació mediante Decreto de Gabinete N. º 36 de 10 de febrero de 1990, inserta en la Contraloría General de la República. La misma estaba conformada por tres magistrados, con jurisdicción nacional, cuyas atribuciones estaban dirigidas a conocer y decidir las causas por lesión patrimonial en perjuicio del Estado cometidas por servidores públicos o particulares. La función de investigar estaba a cargo de la Dirección de Auditoría General, de la Dirección Consular Comercial o cualquiera otra dirección de la Contraloría, con observancia de las disposiciones del Contralor General. Esto indica que los auditores de esas dependencias ejercían, en cierto modo, el rol de Fiscal en el proceso patrimonial.
Con la promulgación de la Ley N.º 67 de 14 de noviembre de 2008, se reforma la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que crea el Tribunal y la Fiscalía de Cuentas a la que le corresponde realizar la investigación patrimonial una vez la Contraloría formule reparos en las cuentas de los empleados y agentes de manejo por supuestas irregularidades que afecten fondos o bienes públicos.
La Ley 67 de 2008 a la fecha ha sido modificada por las leyes N. º 30 de 16 de junio de 2010, N. º 66 de 26 de octubre de 2010, N.º 65 de 9 de agosto de 2011, N. º 81 de 22 de octubre de 2013 y N. º 24 de 28 de octubre de 2014. Mediante la promulgación de la Ley N. º 81 de 22 de octubre de 2013, la Fiscalía de Cuentas pasa a ser la Fiscalía General de Cuentas, como hoy se le conoce.
