Fiscalía General de Cuentas inicia investigación por compra de comida deshidratada

La Fiscalía General de Cuentas ha iniciado las investigaciones para determinar una posible lesión patrimonial, por un monto que supera los 44.9 millones de dólares y los funcionarios y/o agentes de manejo responsables, detectada tras el informe de auditoría realizado por la Contraloría General de la República, con la compra de comida deshidratada por parte del Programa de Ayuda Nacional (PAN) para el Ministerio de Educación (MEDUCA).

El informe tuvo como objetivo obtener y analizar información acerca de los aspectos administrativos, legales y los procedimientos utilizados en el proyecto No. 48910, relacionados con la adquisición de alimentos deshidratados para las escuelas oficiales, desde su tramitación, hasta el desarrollo del contrato entre el PAN y la empresa Lerkshore International Limited, para el periodo comprendido entre el 1° de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2011.

El resultado del examen determinó entre algunos aspectos, inexistencia de estudios de factibilidad que avalaran la conveniencia económica y técnica del proyecto para la adquisición de alimentos deshidratados para las escuelas oficiales, trámite de los registros de alimentos en la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) con fecha posterior al acto público, pago de viáticos sin justificación, inconsistencia de los viajes realizados por el jefe de departamento de nutrición del PAN, entre otros.

Además el informe arrojó inconsistencias entre las actas de inspección y entrega de los alimentos deshidratados, falta de fiscalización y evaluación de la ejecución del proyecto por parte del Consejo Directivo del PAN, falta de monitoreo continuo y periódico en la oficina de Auditoria interna, entrega de alimentos deshidratados a personas distintas a las estipuladas en el contrato y ausencia de documentación en el Programa de Ayuda Nacional, relacionada con las entregas de alimentos deshidratados en el año 2011.

La Fiscalía General de Cuentas había solicitado al Contralor General de la República, Federico Humbert, la auditoría a los contratos de la compra de comida deshidratada por parte del PAN, con base en la denuncia ciudadana presentada el 30 de diciembre de 2014 por el ex contralor Alvin Weeden y facultada por la Ley 67 de 2008.