Contraloría, Tribunal de Cuentas y Fiscalía General de Cuentas, refuerzan la recuperación de bienes públicos con medidas precautorias más ágiles
En un esfuerzo conjunto por fortalecer la protección del patrimonio estatal y combatir la impunidad en el manejo irregular de fondos públicos, la Contraloría General de la República y el Tribunal de Cuentas presentaron los alcances y el funcionamiento de las medidas precautorias, reguladas por la Resolución No. 12-3126, recientemente publicada en la Gaceta Oficial.
El acto contó con la participación del contralor general de la República, Anel Flores; el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario Franco; el magistrado vicepresidente, Pablo Chen Vallarino; y el fiscal de Cuentas, Jaime Barroso.
Desde su aplicación, se han emitido más de 40 órdenes de incautación, logrando asegurar bienes por un valor superior a B/.24 millones, mientras que las irregularidades detectadas en los procesos auditados ascienden a más de B/.57 millones.
El contralor general, Anel Flores, subrayó que uno de los principales desafíos históricos en la recuperación del patrimonio estatal ha sido el retraso entre la investigación y la adopción de medidas cautelares, que en promedio ha alcanzado los cuatro años.
“Existen condenas que superan los B/.70 millones, pero hasta ahora solo se han podido asegurar cerca de B/.20 millones, porque muchos bienes ya no están disponibles al momento de dictar las medidas”, explicó. Flores destacó que el nuevo marco busca actuar con rapidez y dentro de la ley, garantizando siempre el debido proceso y la protección efectiva de los recursos públicos.
Por su parte, el magistrado presidente del Tribunal de Cuentas, Rainier del Rosario Franco, señaló que las medidas precautorias están amparadas en la Ley 32 de 1984 y el artículo 33 de la Ley 67 de 2008, las cuales las reconocen dentro de los procesos fiscales. Agregó que toda acción deberá ser proporcional, fundamentada en indicios claros de irregularidad y sujeta al control de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que podrá suspenderlas cuando lo considere necesario.
Ambas instituciones coincidieron en que este esfuerzo conjunto marca un paso decisivo hacia una justicia fiscal más efectiva, transparente y ágil, orientada a recuperar lo que pertenece a todos los panameños.
